Defensoría del Pueblo de la Nación

La Defensoría del Pueblo de la Nación considera imprescindible analizar la capacidad económico-financiera de los usuarios para definir incrementos en la tarifa del gas

La Defensoría del Pueblo de la Nación participó hoy de la Audiencia Pública -convocada por la Secretaría de Energía- para definir los incrementos de la tarifa del gas.

La Defensoría del Pueblo de la Nación considera imprescindible analizar la capacidad económico-financiera de los usuarios para definir incrementos en la tarifa del gas

Los lineamientos básicos en que se basó la presentación de la Defensoría nacional son los de garantizar la accesibilidad y asequibilidad del servicio, ya que el suministro de gas es considerado esencial para el desarrollo humano, y por consiguiente, se debe analizar si los incrementos pueden llevar a la afectación directa a derechos humanos fundamentales.

La Jefa del Área de Usuarios, Obras y Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, advirtió que “hay usuarios que se endeudan para pagar facturas y pagan altas tasas de interés porque en la mayoría de los casos están fuera del sistema bancario. Imponer nuevos incrementos tarifarios implica analizar si están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”.

Grosso aseguró que “la determinación del porcentaje del precio del gas que asuma el Estado Nacional impactará en el precio final. Es imprescindible tener en cuenta la capacidad económico-financiera de los usuarios y usuarias. Para definir incrementos tarifarios deben contemplarse, ineludiblemente, las circunstancias sociales, políticas y económicas del país. Este año debe incluirse, también, el análisis de los efectos socio económicos de la pandemia”.

“En una relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios/as, existen relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio. Los usuarios/as son el eslabón más débil. Los pagos de los servicios no deben disminuir la capacidad de las personas por adquirir otros bienes que se relacionan con su propia dignidad y los derechos que de allí se desprenden como salud, educación, alimentación y una vivienda digna”, finalizó.

La Defensoría del Pueblo de la Nación considera que toda política pública debe tener como centro a la persona, por lo tanto las modificaciones en las tarifas de gas no resultan sólo una variable económica, sino que hace a los derechos esenciales, a los cuales el Estado se obligó al suscribir la Agenda 2030 y demás tratados internacionales de DDHH.

La primera de las audiencias, convocada por la Secretaría de Energía se desarrolló de manera virtual y participaron también legisladores nacionales, representantes de las Defensorías del Pueblo, asociaciones de defensa del consumidor, directivos de entidades empresariales y organizaciones no gubernamentales.

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