La Defensoría del Pueblo de la Nación evalúa con el Ministerio de Salud actualización del Programa Médico Obligatorio

La Defensoría del Pueblo de la Nación está participando de las reuniones de la Comisión Nacional de Evaluación Tecnologías de Salud (CONETEC) del Ministerio de Salud de la Nación, para tratar la actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Dicha Comisión está conformada por un representante de distintas entidades médicas, el INSSJP, un representante de las obras sociales nacionales y otro de las obras sociales provinciales, un miembro de las empresas de medicina prepaga, otro de las asociaciones de pacientes y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Días pasados, la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnún presentó en la Defensoría del Pueblo un pedido de informes por presuntos inconvenientes en la provisión de medicamentos para personas que padecen atrofia muscular espinal (AME), así como otras tecnologías que ameritan estar incorporadas al PMO.

La Defensoría del Pueblo de la Nación informó que está al tanto de la situación de los pacientes que padecen dicha patología, señalando que la medicación en cuestión nusinersen, elaborada por el Laboratorio Biogen, con el nombre comercial de Spinraza, estaría indicada para dos subtipos de la enfermedad. La evidencia científica señalaría que solamente estaría validada su efectividad para dos de los subtipos, el tipo 1 y el 2, aunque en este último caso su efecto no sería evidente.

De todas formas, tal como en todas las patologías, deberá realizarse un profundo análisis de cada paciente para establecer si la medicación es aconsejable de acuerdo con el criterio del profesional tratante.

El tema será tratado próximamente en el ámbito de la CONETEC, dado que aún no se encuentra registrado dicho medicamento.

Por otra parte el costo de dicha droga deberá ser materia de análisis y negociación por parte de la autoridad sanitaria ya que el tratamiento por paciente asciende a 750.000 dólares, para el primer año y a 300.000 dólares para el segundo. Se estima que el precio deberá bajar sustancialmente, como sucediera en otros países que la aprobaron, tales como Inglaterra, Canadá y Australia.

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